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:: UGT pone en duda el papel de las instituciones públicas catalanas en la aerolínea Spanair

spaner

Desde que la pasada semana la Generalitat de Cataluña decidiera una nueva aportación económica –en esta ocasión de 20 millones de euros– a la sociedad IEASA, propietaria del 80% de la aerolínea Spanair, la UGT ha entrado en un proceso de reflexión del cual surgen algunos interrogantes..

UGT anima a todos los actores del sector aéreo y a las instituciones públicas catalanas y del conjunto del Estado a que reflexionen sobre la situación de la compañía Spanair porque de ella dependen 2.800 puestos de trabajo

En primer lugar, y dejando claro que UGT siempre ha abogado por la presencia de la Administración pública en el marco económico nacional a través de potentes entidades reguladoras, tenemos serias dudas sobre la participación de una institución pública, como es la Generalitat, en una entidad privada como Spanair.

La cuestión no es tanto que el Estado pueda tener presencia en un sector económico determinado, porque para nosotros es muy saludable que en algunos sectores estratégicos, el Estado tenga una presencia real que garantice no sólo la calidad del servicio a los usuarios, sino el servicio en sí mismo (transporte ferroviario, gestión aeroportuaria, sector energético…).

Sin embargo, el sector aéreo de nuestro país lleva ya muchos años liberalizado y sus empresas compitiendo en igualdad de condiciones en un marco estable, definido y gestionado por la Administración pública. El hecho de que una empresa como Spanair reciba, de forma periódica, inyecciones económicas con dinero público (es decir, de todos los ciudadanos) genera una distorsión en el mercado y, además, sienta precedentes.

Si hay que estimular el sector aéreo español a través de ayudas públicas (como se ha hecho, por ejemplo, con el sector de automoción, el financiero, o el de la minería, entre otros) que se haga de forma general (para todo el sector) y transversal (para todas sus empresas), no sólo para una única entidad, de forma arbitraria y con criterios de rentabilidad política y no tanto económica.

En definitiva, UGT anima a todos los actores del sector aéreo y a las instituciones públicas catalanas y del conjunto del Estado a que reflexionen sobre la situación de la compañía Spanair porque de ella dependen 2.800 puestos de trabajo que no pueden quedar condicionados por inversiones puntuales a cargo de una determinada Administración, sino de un plan industrial eficaz, eficiente y rentable en el medio y largo plazo, que posicione la compañía en un mercado altamente competitivo y genere confianza ante futuros inversores privados.