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:: La obligación de servicio público en los transportes debe quedar plenamente garantizada

Tras la reunión celebrada ayer, 22 de noviembre, entre el secretario general de TCM-UGT y miembros destacados del Ministerio de Fomento a propósito de la propuesta –relativa a la obligación de servicio público en el ámbito del transporte ferroviario, concretamente de Renfe Operadora– que el Ministro de Fomento elevará, de forma inminente, a Consejo de Ministros para su aprobación, TCM-UGT quiere aportar algunas consideraciones.

En primer lugar, nos parece necesaria la aplicación del principio de servicio público para todos los ámbitos que afectan al transporte (no sólo el ferroviario) como garantía de movilidad para los ciudadanos y conectividad entre territorios, al margen de que éstos sean más o menos periféricos, estratégicos y desarrollados. Por ello, UGT propone al Ministerio que vaya más allá con esta propuesta y la amplíe a la totalidad del transporte terrestre, poniendo en valor los principios del Estado de Bienestar en el que se consideran servicios fundamentales para la comunidad la educación, la sanidad o la dependencia. Añadamos, también, los transportes.

UGT entiende la lógica empresarial sobre la necesidad de operar rutas que generen beneficios, obligando al Estado a mantener modos y rutas deficitarios desde una perspectiva de rentabilidad, a cambio de compensar –por diferentes vías– las pérdidas que asimilen las empresas operadoras de transporte.

En todo caso, y a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, entendemos que las empresas de transporte, de forma general, tendrán que aplicar una visión de conjunto sobre todas las rutas en las que desarrollan su actividad y reconocer, como suele ser habitual, que por cada ruta deficitaria, se operan otras tantas muy lucrativas. No quisiéramos que vuelva a cundir el ejemplo de ese perfil empresarial tan autóctono –y que UGT viene denunciando desde el inicio de esta crisis económica– en el que se quiere ser emprendedor sin arriesgar ni un solo euro, sobre seguro y con garantías de beneficio a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, el Ministerio de Fomento ha trasladado a TCM-UGT su intención de abrir una fase de diálogo con las Comunidades Autónomas con el objetivo de definir un marco que permita identificar la obligación de servicio público con criterios comunes para todos los territorios. Además, han garantizado que a lo largo del año 2011, en el caso del transporte ferroviario de viajeros, no se producirá ninguna modificación sustancial en los diferentes servicios (cercanías y media distancia).

Como conclusión, reconocer que UGT aboga por racionalizar infraestructuras y transportes en base al principio de intermodalidad y eficiencia, es decir, que garantizando la movilidad y conectividad de personas y territorios, seamos capaces de entender que todos los modos de transporte y todas sus infraestructuras no pueden estar presentes en todos los territorios del conjunto del Estado (mucho menos en tiempos de crisis) y, además, a costa de grandes inversiones en obra pública que, con posterioridad, pueden generar cuantiosas pérdidas para el Estado por la falta de retorno a la inversión, ya sea porque no hay demanda para ese modo de transporte –como sucede con algunos aeropuertos– o porque exista una situación de sobreoferta en rutas, medios y frecuencias para un mismo destino. En definitiva, UGT apuesta por la complementariedad entre modos de transporte para determinadas conexiones territoriales con criterios de eficiencia, seguridad, medioambientales y de racionalización de recursos.

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